El nuevo regalo de Juan Manuel Santos a Luis Carlos Sarmiento Angulo: blanquear sus baldíos malhabidos

En épocas se ha vuelto viral una carta abierta dirigida a Luis Carlos Sarmiento Angulo, por Wilson Arias. En ella el entonces Congresista del Polo Democrático Alternativo le recrimina el haber acumulado tierras baldías de la Nación (destinadas por Ley a campesinos pobres), y por haber recibido subsidios, Agro Ingreso Seguro, recursos del Estado y créditos blandos, a pesar de ser un magnate dueño de varios negocios y bancos donde cobra intereses cercanos a la usura, según explica Arias castillo.

Como trabajadores del sector financiero le hemos seguido la pista: por estos días “de paz” la carta ha vuelto a circular a raíz de la expedición del Decreto Fast Track 902 de 2017 y la publicación de un Proyecto de reforma a la Ley 160 de 1994, que atizaron la confrontación. Por eso conversamos con el exparlamentario y exdirigente sindical, amigo de nuestra organización, a quien se le reconoce haber adelantado varias investigaciones de grandísima actualidad. El resultado es esta entrevista que constituye un trascendental llamado no sólo a Sarmiento Angulo, sino a la sociedad entera, a los campesinos y a las propias Farc.

La puntilla: Lo hemos visto muy activo en eventos académicos y en redes sociales pidiendo explicaciones al gobierno y al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo sobre el tema de las tierras baldías de la Nación. Cuéntenos primero, ¿en qué contexto dirigió usted aquella carta al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y en qué va esa controversia?

Wilson Arias: Mi primer debate sobre el tema lo empecé en Agosto de 2010. Inicié con el problema de la extranjerización de la tierra. Encontramos que debido a la escasez mundial de tierras fértiles y a las crisis alimentarias, algunas transnacionales y gobiernos agenciaban la compra de tierras en países vecinos para asegurarse alimentos o para especular con la tierra, afectando la soberanía y el futuro alimentario de esos otros países. Una grave notificación la dio la FAO, quien informó que 7 de estos países contaban con 900 millones de hectáreas disponibles, tres de ellos africanos y cuatro latinoamericanos, entre los cuales aparecía Colombia.

Explicamos además que la situación de estas tierras “disponibles” en Colombia tiene especiales características, debido a la altísima concentración en su propiedad. En estos momentos el 1% de las mayores unidades de producción rural concentra el 80% del área. De modo que el otro 99% de las restantes unidades, compite por el estrecho 20% de área restante, espacio sobre el que se ejerce entonces una gran presión. En ese 80% hay tierras tanto privadas como con antecedentes de baldíos que probablemente ya ingresaron al mercado privado. Dentro del 20% restante, que pertenece a un gran número de propietarios, aparece una parte de las tierras baldías con que cuenta la Nación para distribuir entre los campesino sin tierra.

El resultante es una gran disputa por esas áreas para distintos fines, lo que ha llevado a algunos grupos económicos a violar las normas que destinan tierras a los campesinos pobres. Y esos grupos son compañías extranjeras pero también grupos nacionales, entre ellos el de Sarmiento Angulo.

Por eso le envié la carta aquella al Presidente del Grupo Aval, quien jamás me contestó. Me llegó una respuesta del representante legal suplente, que no contesta a
mis preguntas y niega su acumulación ilegal de baldíos. Afortunadamente la Contraloría confirmó todas mis denuncias.

L.P.: Usted lo acusa también de haber recibido subsidios, créditos blandos y recursos públicos destinados a campesinos pobres. ¿Eso también lo confirmó la contraloría? Aparte, usted le exige reembolsar esos recursos, y le pide que los devuelva “aunque sea sin reconocer los intereses”. ¿Los devolvió?

W.A: No, no los devolvió. Y sí, la Contraloría confirmó mis denuncias sobre los Incentivos Forestales, Agro Ingreso Seguro y Créditos Finagro que recibió Sarmiento Angulo. Los dos primeros por más de $560 millones y el crédito subsidiado por más de $35.000 millones. A él que cobra intereses de usura, el Estado le otorgó esos créditos subsidiados que le niega a los productores, propietarios medianos y campesinos. El mundo al revés.

L.P.: Muy altos esos subsidios y créditos blandos. ¿Y cuánto valían los predios que compró?

W.A.: Por 17 predios pagó 61.000 millones. Mientras a un campesino le niegan créditos y subsidios, a Luis Carlos Sarmiento le cubren buena parte de sus compras. Por eso además de hacer los debates, me animé a dirigirle la carta pública, porque era un caso muy emblemático.

L.P: Pero usted encontró otros grupos económicos haciendo lo mismo en la Orinoquia.

W.A.: Documentamos compañías extranjeras y nacionales. Empezamos con un caso que se volvió muy sonado, denuncié a Mónica Semillas, compañía brasilera. Pero también señalé a Forest First y Cargil , norteamericanas; Poligrow, italo española; La Sierra, chilena. Advertimos las intenciones de El Tejar y el grupo Grobbo, argentinos. Y en lo nacional documenté casos de funcionarios cercanos al Palacio de Nariño, como Ruben Darío Lizarralde y familiares de Aurelio Iragorri. También encontramos varios ingenios, entre ellos RioPaila, Mayagüez y Manuelita. Y con Jorge Robledo denunciamos el papel de grupos de abogados como Brigard & Urrutia, al que pertenecían los célebres Carlos Urrutia y Francisco Uribe Noguera.

L.P.: Usted acusa a Juan Manuel Santos de estar favoreciendo a esos sectores económicos, inclusive mediante el procedimiento de reglamentación vía Fast Track previsto en los acuerdos de la Habana. ¿Por qué?

W.A.: Bueno, el asunto se remite a una solicitud del Banco Mundial, quien pide varias cosas en nombre de la “seguridad jurídica”: que las tierras baldías puedan ser vendidas a grandes inversores y en tamaños superiores a la unidad agrícola familiar, que es el límite actual. Y que se legalice las adquisiciones mal habidas, es decir acumuladas violando los anteriores topes y criterios.

Eso es lo que hace ahora Juan Manuel Santos. Con el Decreto Fast Track 902 formaliza apropiaciones de presuntos baldíos y crea nuevos “sujetos de formalización”, en este caso grandes capitalistas que podrían pagar por ellos. Y con el Proyecto de Ley profundiza en esas intenciones, señalando que deberá titularles tierras con antecedentes de baldíos “excepcionalmente y por una sola vez”, a quienes los hayan acumulado y mantenido de manera pacífica y de buena fe. Hasta cementos Argos dice haber adquirido de buena fe los que inicialmente había comprado Otto Bula en los Montes de María. Lo mismo dice la extranjera Poligrow sobre los que compró en Mapiripan, que ella no sabía de la masacre que allí ocurrió.

L.P.: ¿Qué han dicho las Farc sobre el tema? ¿Por qué no hay mayor movilización social en contra de aquellas normas? Y usted ha dicho que el problema en este caso ya no es tanto el incumplimiento de los acuerdos de la Habana, ¿eso qué significa?

W.A.: Las Farc se han manifestado principalmente en la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos, la CSIVIi. En mi criterio ha sido más bien parca, lo cual tal vez obedezca a la pretendida prudencia que se han impuesto las partes sobre los debates de la mesa. Prudencia que no observa el gobierno, pues varios de sus funcionarios hacen activismo en favor de las normas mencionadas, en nombre de los acuerdos de la Habana.

La cuestión es que en efecto, los baldíos son la principal fuente del “Banco de tierras para la Paz” pactado con las Farc. Pero el problema ya no es solo que se incumpla ese acuerdo. El problema es que están reformando la Ley que ha dispuesto la entrega de esas tierras baldías a los campesinos, con o sin los acuerdos de la Habana, con o sin acuerdos en Quito, con o sin negociaciones de la insurgencia. El problema es que una guerrilla en una correlación de fuerzas adversa ha adelantado su negociación, y ahora además no puede garantizarle un desarrollo mínimo a una reglamentación que afecta es a todos los campesinos y hacia el futuro.

Están quebrando no sólo una norma muy importante expedida en 1994, sino en general el concepto de Sistema Circular de Mercado que se aplicaba a las tierras de reforma agraria, para que esas tierras se mantuvieran en manos campesinas. Es toda esa tradición la que están quebrando.

L.P.: Pero Wilson, ¿eso ya no lo habían roto con la Ley de ZIDRES?

W.A.: Ley tramitada y aprobada en plena negociación de la Habana, lo que resulta demostrativo de esa correlación de fuerzas de que hablamos. Pero la Ley ZIDRES era no sólo más limitada que este conjunto que hoy se expide y tramita, sino que fue bastante restringida por la Corte Constitucional. Por ejemplo, en su examen, la Corte circunscribió la creación de ZIDRES prácticamente a sitios donde no se pudieran adelantar procesos de reforma agraria. Eso les daña el negocio. De modo que necesitaban otra Ley aún más laxa. Eso es lo que autorizan ahora vía Fast Track y en el Proyecto mencionado.

I Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.
Entrevista realizada por el periódico La Puntilla de la Seccional Cali -UNEB

 

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Solicitud de devolución de tierras y recursos de los colombianos
Carta a Luis Carlos Sarmiento Angulo


Wilson Neber Arias Castillo
Rebelión
Jueves 23 de Mayo de 2013 09:28
Bogotá D.C., Mayo 23 de 2013


Señor Luis Carlos Sarmiento Angulo Presidente Holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A. La ciudad

Asunto: solicitud de devolución de tierras y recursos de los colombianos


En nuestras investigaciones en materia de tierras y desarrollo rural, nos hemos encontrado con acaparamiento de baldíos nacionales por empresas suyas. Usted y sus bufetes de abogados conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza. Y que la norma prohíbe acumular más de una Unidad Agrícola Familiar – UAF, a fin de que con ello no se concentre la propiedad de la tierra.
Se trata de graves hechos que no podemos pasar por alto y que estoy en la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades competentes. Al respecto, de cara a mi actividad parlamentaria quisiera dirigirle tres simples preguntas, que seguro se harán también millones de colombianos a quienes compartiré sus respuestas, que pronto espero.

La primera pregunta es:

¿Bajo qué consideraciones usted, dueño de cuatro bancos, un periódico nacional, un fondo de pensiones, una cadena de hoteles, concesionarias viales, constructoras de vivienda, compañías petroleras y de gas, y otros tantos negocios, se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?
La interrogación me surge, porque en mis averiguaciones he constatado que más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad. Así por ejemplo, su Organización Pajonales S.A. acumula más de 4.000 hectáreas en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas. Considerando solo Pajonales, usted ya ha
violado con creces la prohibición de acumular baldíos.

Las dos siguientes preguntas, se derivan de los siguientes hechos:

Cualquier colombiano, sin temor a equivocarse, puede afirmar que la mayor parte de su riqueza proviene de dos fuentes, una más conocida que la otra:

1. De la renta extraída del cobro que le hace a sus clientes de los bancos Popular, Occidente, AV Villas y Bogotá, y de otros negocios financieros.

2. De la contratación y de la ayuda estatal. Para efectos de respuesta, sólo considere lo segundo, más exactamente los cuantiosos recursos no reembolsables, que usted ha recibido en sus negocios agroindustriales.

Así las cosas, le pregunto entre atónito y asombrado:

¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos SUBSIDIADOS por el estado colombiano, a través de FINAGRO y por valor de 35.600 millones de pesos, mientras usted a través de sus bancos cobra a los colombianos intereses cercanos a la usura?

Su fortuna según Forbes, asciende a US$13 billones de dólares, riqueza que lo clasifica en el puesto 64 de aquella revista. Es decir, de lejos, usted es el hombre más rico de Colombia y está entre los más ricos a nivel mundial. En ese orden de cifras, ¿con qué criterio ético y responsabilidad empresarial usted se hace beneficiario de incentivos y recursos públicos, tales como: CIF (187 millones), AIS (375 millones) y Exenciones Tributarias (sin valor reportado aún)?

Yo no sé si su contador estará de acuerdo conmigo, pero sostengo que si usted devuelve a los colombianos dichos recursos y las tierras adquiridas vulnerando la Ley, no perderá su actual escalafón en Forbes y tampoco pondrá en riesgo sus finanzas personales o familiares. Señor Sarmiento, con firmeza y alzando la voz por millones de colombianos, le solicito reintegre esos recursos a la nación. Pague señor Sarmiento, ¡pague aunque sea sin reconocer los intereses!
Atentamente,

Wilson Neber Arias Castillo Representante a la Cámara, Valle del Cauca Polo Democrático Alternativo