Con excepción del acuerdo de paz, los siete años de gobierno de Santos se ‘rajan’ en todo

El representante a la Cámara Alirio Uribe hizo un balance del gobierno de Juan Manuel Santos a un año para terminar su segundo mandato. Sale con una popularidad bastante decaída y con una sensación de que Colombia hizo un sacrificio muy alto para obtener la paz.

“En materia de beneficios económicos, sociales, ambientales, culturales, la política de Santos ha sido nefasta, grave. La única materia que aprueba durante estos siete años es el tema de la paz, sobre todo, en el segundo gobierno, cuando se compromete a que va a hacer un proceso de negociación con las Farc y que seguirá avanzando en una negociación con el ELN”, dice el representante Uribe.

En todos los demás aspectos, el presidente Santos “se raja”. Los resultados de las últimas encuestas así lo confirman. La locomotora minero-energética, duramente criticada por traer pocos beneficios a un alto precio con un impacto negativo bastante alto; el fracaso de la política antidrogas; su incapacidad para controlar la corrupción, que terminó incrementando con clientelismo y ‘mermelada’, son apenas algunos de los puntos en contra de su escasa gestión.

“En todo lo social, salud, educación, vivienda, empleo, yo reprobaría las políticas de este gobierno, que ha sido neoliberal, que ha querido siempre congraciarse con las empresas multinacionales, con el gran capital nacional y transnacional. Hemos estado sacrificando en estos siete años el 25% en intereses a la deuda externa y otro tanto en materia de seguridad y defensa. Han sido los presupuestos mayoritarios. De esta manera, se ha visto reducido el gasto social, que permite que haya reformas económicas favorables a la gente”.

Quizás la más grande evidencia es la actual crisis económica del país. Consecuencia de una política en este sentido fundamentada primero en materias primas y, luego, del petróleo; como si Colombia realmente fuera un país petrolero. La reforma tributaria del 2016 refleja ese chasco, el Gobierno terminó endilgando en la clase obrera su falta de previsión financiera.

Respecto a la paz, el representante Alirio Uribe proporciona cifras dicientes. Durante los ocho años de la ‘seguridad democrática’ los secuestros tuvieron un promedio de 3.500 al año; en 2016 los secuestros cayeron a 180. Los homicidios empezaron a bajar desde hace diez años, cuando la media era 30.000 anuales. El año pasado, Medicina Legal certificó 10.600 homicidios; la Policía Nacional, 12.000.

En general, las estadísticas de violencia generada por el conflicto armado disminuyeron, eso incluye que menos civiles se han visto afectados por el conflicto. También ha bajado el desplazamiento masivo. En minas antipersonas hace 10 años el promedio estaba en las 1.300 víctimas; el año pasado fueron 16 y este año van 4 víctimas.

La cifra preocupante está en los 200 líderes y lideresas sociales asesinados en los últimos dos años, frente a un Gobierno que no ha hecho nada para detener esta masacre. A pesar de contar con entes, como la UNP, o mecanismos para la protección de derechos, a partir del proceso de paz, ya van 9 exguerrilleros asesinados y 11 familiares de exguerrilleros.

“El 87% de los líderes sociales asesinados son de zonas rurales. Estamos hablando de presidentes de Juntas de Acción Comunal, de líderes y lideresas sociales, indígenas y campesinas. El 90% de estos líderes han sido asesinados a tiros saliendo o entrando de sus domicilios, lo que refleja que hay procesos de inteligencia y seguimiento sobre estas personas”.

En este sentido, el representante Uribe señala otro lunar en este Gobierno. “Se raja en el tema del paramilitarismo. Había un compromiso de este gobierno, que iba a desmontar los grupos paramilitares. En cambio, cada vez recibimos más evidencia que hay una persistencia de estos grupos en algunas regiones del país, que no está desligada de los lazos históricos con los miembros de la fuerza pública, de los organismos de seguridad del Estado y con actores económicos locales”.